La Comisión Europea estima que solo en la parte polaca de Silesia, en la frontera con Alemania y República Checa, la descarbonización podría ocasionar la pérdida de 78 mil empleos relacionados con el sector de la extracción y el uso del carbón. En todo el mundo son muchas las regiones cuya economía está fundada en el uso de los recursos fósiles. Se trata de comunidades de personas en que las que la transición energética, de no ser adecuadamente implementada, podría causar nuevas desigualdades. Para solucionar este problema, ya en los años noventa del siglo pasado los sindicatos de América del Norte introdujeron el concepto de Just Transition (Transición justa), para definir la idea de una transición energética justa e inclusiva, que no deje a nadie atrás y que se haga cargo de las comunidades locales donde el impacto de la descarbonización será más brutal. No se trata solamente de pérdida de puestos de trabajo: las consecuencias serán amplias y transversales en todos los aspectos de la vida social. Por tanto, un enfoque equitativo a la transición energética tendrá que prever la redistribución de los beneficios, o sea la repartición entre los diferentes países – y dentro de cada país – de la nueva riqueza producida. La transición como respuesta a la pobreza energética Todavía hoy existen muchas áreas del planeta que están afectadas por lo que se define la pobreza energética, la condición de las personas que no pueden contar con una calefacción (o sistemas de enfriamiento) en las viviendas ni con un suministro de energía adecuado para los servicios domésticos. Es un problema que no afecta solamente los países en desarrollo, como los del África subsahariana, donde 600 millones de personas todavía no tienen acceso a la electricidad. Se estima que también en la Unión Europea viven unos 45 millones de pobres desde el punto de vista energético, con repercusiones también en su salud física y mental, de los que se deriva también un círculo vicioso de costes sociales. Se trata de desequilibrios que hay que afrontar cuanto antes, respecto a los cuales la transición energética representa una oportunidad irrepetible. El aspecto más delicado se refiere a las regiones con una economía basada en las fuentes fósiles. Si la desaparición de algunos empleos es inevitable, gobiernos nacionales y agencias supranacionales pueden actuar a través de programas de recualificación y reciclaje de los trabajadores para brindarles nuevas oportunidades de empleo, empezando por un nuevo puesto de trabajo en las actividades relacionadas con las fuentes renovables. Esto, por supuesto, debería ir acompañado por un sistema de amortiguadores sociales capaces de aliviar las dificultades en la primera fase del cambio. El ejemplo de Europa La Unión Europea fue uno de los primeros sujetos en encaminarse en esta dirección, con gran ambición. En el ámbito del Pacto Verde Europeo fue presentado un programa para la Transición Justa con un fondo para movilizar más de 150 mil millones de euros entre 2021 y 2027 y organizar la transición energética de forma equilibrada. Todo ello para que el cambio hacia “una economía climáticamente neutra se lleve a cabo de forma equitativa y sin dejar a nadie atrás”. De hecho, se trata de una forma de apoyo para todas las industrias que resulten perjudicadas: por un lado, las industrias extractivas del carbón al lignito y de la turba al querógeno en la lutita bituminosa; por el otro, las cadenas de producción con alta emisión de gas carbónico y otros contaminantes, como la producción de acero, fertilizantes, papel, cemento y aluminio. El sector del carbón actualmente cuenta con 230 mil trabajadores, distribuidos en 11 países UE (datos actualizados en 2020). Se prevé un buen rendimiento de la inversión. Se estima que, ya antes de 2030, gracias a la transición energética, Europa se beneficie con un valor añadido incluido que oscila entre los 47 mil y 80 mil millones de euros. A largo plazo, las cifras serán aún más significativas, sobrepasando incluso el importe de la inversión. Así pues, la redistribución de la riqueza debe empujar la balanza en favor de los países que en la primera fase resulten más perjudicados. La transición justa como tema global Como la lucha contra el cambio climático, también la Transición Justa es un tema de alcance mundial. El tema, a nivel teórico, ha recorrido casi veinte años, en 2013 nació la Climate Justice Alliance (Alianza de Justicia por el Clima), una red global de organizaciones no gubernamentales que abordan al mismo tiempo los temas de la sostenibilidad y las desigualdades, centrándose especialmente en los Estados Unidos. En América del Sur actúa CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y en África uno de los actores de referencia es la fundación RES4Africa. En cambio, las actuaciones de la ONU tienen un alcance más global, desde las que se centran en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, en especial el séptimo (energía asequible y no contaminante) y el octavo (trabajo decente para todos). Además, la transición energética constituye el eje del objetivo 13, que refiere a la lucha contra el cambio climático, como se reiteró con ocasión de las últimas conferencias mundiales sobre el clima. En realidad, ya en la COP 21 de París, la conferencia donde se gestó el acuerdo global para la reducción de las emisiones, se había mencionado la Transición Justa y la necesidad de poner de manifiesto la idea de una transición energética equitativa y equilibrada, que no deje a nadie atrás. Un objetivo en el que hoy en día todos coinciden. El camino se está construyendo.
